Integridad que genera valor: el retorno estratégico de una cultura de cumplimiento en el sector energético

Por: Luz Elena Díaz García, oficial de Cumplimiento Enlaza Grupo Energía Bogotá.

Finalizamos esta saga editorial, que llega a su tercera edición, abordando la relevancia de la adopción de posturas de cero tolerancia frente a la corrupción, el soborno, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en las empresas del sector energético.

Recordemos que, en América Latina, este sector representa uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social. Sin embargo, también es uno de los sectores más expuestos a los riesgos de cumplimiento, debido a la complejidad de sus operaciones en diferentes territorios, muchos de ellos en los que el Estado tiene poca o ninguna presencia, así como a las particularidades de diferentes regiones, como en Colombia, en dónde la historia ha demostrado el devastador impacto del narcotráfico y la guerrilla.

Frente a este contexto, la adopción de políticas de cero tolerancia frente a estas prácticas ilícitas no solo es una exigencia ética, sino una necesidad estratégica para garantizar la sostenibilidad, la competitividad y la legitimidad de las empresas del sector.

¿Qué significa una política de cero tolerancia?

Una política de cero tolerancia implica un rechazo absoluto y no negociable a cualquier forma de conducta indebida, sin importar el nivel jerárquico del involucrado o el impacto económico de la decisión. No se trata solo de tener normas escritas, sino de construir una cultura organizacional donde la integridad sea un valor inquebrantable.

Razones clave para adoptar este enfoque en el sector energético

1.    Alta exposición a riesgos estructurales: este sector suele estar vinculado a grandes contratos públicos, licencias regulatorias, concesiones y relaciones con diversos actores, lo que lo convierte en un terreno fértil para prácticas corruptas si no existen los controles adecuados.

2.    Impacto reputacional y financiero: casos recientes en la región han demostrado cómo los escándalos de corrupción pueden paralizar proyectos, generar sanciones multimillonarias y destruir la confianza de inversionistas y comunidades.

3.    Cumplimiento de estándares internacionales: inversionistas institucionales, organismos multilaterales y reguladores internacionales exigen cada vez más que las empresas adopten políticas claras y efectivas contra delitos financieros y corrupción, lo que convierte a los programas de cumplimiento en algo mucho más que un papel o un diagrama.

4.    Contribución a la estabilidad regional: al prevenir la financiación de actividades ilícitas, las empresas energéticas también contribuyen a la seguridad y gobernabilidad de los países donde operan.

Algunas empresas del sector de energía eléctrica en América Latina ya han comenzado a implementar modelos de cumplimiento robustos, alineados con marcos como la ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno) y la ISO 37301 (Sistemas de Gestión de Cumplimiento). Estos esfuerzos han sido reconocidos por organismos internacionales y han permitido mejorar el acceso a financiamiento, reducir riesgos legales y fortalecer la confianza de las partes interesadas.

En un sector tan estratégico como éste, la integridad debe ser el eje central de toda operación, ya que solo así será posible construir un futuro energético sostenible, justo y libre de corrupción para América Latina. De esta forma, adoptar una política de cero tolerancia no es solo una medida de protección legal, sino una declaración de principios, que permitirá que las compañías que las adoptan se posicionen como actores responsables y confiables en la transición hacia un modelo energético más limpio, justo y sostenible.

Gracias por acompañarnos en esta saga editorial. Juntos reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, como un generador de valor estratégico del cumplimiento en el sector energético.