Colombia ante el reto energético: crecimiento de la demanda y urgencia de infraestructura

Sumario | El aseguramiento de la oferta y la demanda de energía eléctrica en el país no es un reto menor. Por el contrario, constituye ahora uno de los mayores desafíos para cualquier gobernante, a corto, mediano y largo plazo.

 

El país enfrenta un desafío energético sin precedentes. El crecimiento acelerado de la demanda eléctrica, impulsado por la urbanización, la electrificación del transporte y el auge de los centros de datos, está superando la capacidad de la oferta que pueden soportar los sistemas de generación y transmisión nacional.

Según información de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), en su Plan Maestro de Modernización y Expansión de la Infraestructura de Transmisión Eléctrica, para el año 2052 la capacidad actual de transmisión deberá incrementarse entre 2 y 5 veces para satisfacer la demanda de electricidad del país.

Visto desde la oferta y los proyectos que habilitan su entrada en operación, de acuerdo con información de XM, solo el 28% de las nuevas plantas de generación de energía eléctrica que se esperaban conectar al sistema, se han incorporado. El 55% de los 13 proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y del Sistema de Transmisión Regional (STR), adjudicados por convocatoria UPME, presentan retrasos respecto a su fecha original de puesta en operación.

En algunos proyectos, los retrasos pueden ser de hasta 13 años en el STN y hasta 11 años en el STR. La falta de avance en estas obras se debe a obstáculos administrativos, dificultades financieras de los operadores de red, licencias ambientales pendientes, consultas previas y oposición de comunidades locales.

La demanda energética hoy crece más rápido que la oferta. Según ProBogotá, en la capital y su área metropolitana aumentará un 58% entre 2023 y 2030, pasando de 3.510 MVA a 5.550 MVA. Dicho aumento está liderado por la movilidad eléctrica (55%), la industria y la urbanización. Sin embargo, la infraestructura necesaria para atender esa demanda sigue rezagada.

Por eso, por ejemplo, regiones tan importantes como Bogotá y Cundinamarca, de gran atractivo para la conexión de centros de datos -dadas sus condiciones climáticas-, esperan con ansia la operación de dos (2) proyectos de transmisión clave: Chivor II - Norte – Bacatá 230 kV, y Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV, que habilitarán la atención de más de 350 MW de demanda nueva en el área.

 

Planeación energética: señales de alerta y oportunidades

La confiabilidad del sistema energético colombiano es un pilar fundamental para garantizar el desarrollo económico, la seguridad energética y la transición hacia fuentes más limpias. Desde la perspectiva de una empresa de transmisión de energía eléctrica, este concepto no solo implica mantener la continuidad del servicio, sino también anticiparse a los desafíos técnicos, regulatorios y climáticos que enfrenta el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El Informe de Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima 2024-2038 de la Upme, estima a mediano plazo un crecimiento anual de la demanda entre 1,53% y 4,30%. Además, proyecta una expansión significativa de la generación distribuida solar, que podría alcanzar los 6.597 MW en 2038, lo que representa hasta el 15% de la demanda nacional.

La ruta hacia la transición energética es crucial en este momento para Colombia. Sin embargo, el Informe de Perspectivas y Tendencias de Inversión en el sector de generación, publicado por Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica), revela que el clima de inversión actual es incierto. Las empresas del sector identifican barreras como la demora en licencias ambientales, la oposición de comunidades y la falta de coordinación institucional. No obstante, también destacan oportunidades en la diversificación de la matriz energética y el desarrollo de proyectos renovables.

Esta es una carrera contra el tiempo para Colombia. Una encrucijada energética donde la demanda crece, los proyectos se retrasan y las restricciones se acumulan. La solución requiere, por tanto, una acción coordinada entre gobierno, empresas, comunidades y reguladores. En consecuencia, la aceleración de licencias ambientales y la inversión en infraestructura son pasos urgentes para evitar un escenario de racionamiento y garantizar al país un futuro energético sostenible.